El último punto deja firme constancia de que no se confiere derecho alguno al Estado o grupo o persona para violar los derechos humanos establecidos y redactados en la Declaración. Sin embargo, la autoridad se impone arbitrariamente a través de las leyes, los uniformes y las armas burocráticas institucionales. Los gobiernos de los países actúan de espaldas a sus ciudadanos. Una élite actúa por encima de los hombres y las mujeres, para humillarlos y explotarlos. Incluso asesinarlos impunemente.